Investigación conjunta entre Aduanas, PDI y Ministerio Público permitió desarticular una red que ingresaba mercancías falsificadas mediante una empresa fachada, avaluadas en más de $150 millones.
Un trabajo investigativo de gran alcance culminó con una condena ejemplar contra dos ciudadanos de nacionalidad china, responsables de ingresar al país más de 350 mil productos falsificados a través de operaciones de contrabando. La sentencia fue obtenida gracias a la coordinación entre el Servicio Nacional de Aduanas, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público, quienes lograron acreditar delitos de contrabando, receptación aduanera e infracciones a las leyes de Propiedad Intelectual e Industrial.
El caso se originó en la Aduana Regional de San Antonio, donde se detectaron antecedentes de un cargamento sospechoso. Con esta alerta, el Ministerio Público instruyó diligencias que culminaron en mayo de 2025 con un procedimiento de fiscalización en una bodega de Cerrillos. Allí, la Brigada Investigadora de Delitos contra la Propiedad Intelectual (BRIDEPI) de la PDI, junto a funcionarios de Aduanas, descubrieron 132.575 productos falsificados que imitaban marcas internacionales como Apple, Samsung, Marvel, Disney y Nike.
Entre los artículos incautados se encontraban carcasas de celulares, calcetines, cables USB, zapatillas deportivas, audífonos y gorros. Además, se constató que la carga presentaba múltiples irregularidades: mercancías no declaradas, productos prohibidos por vulnerar derechos de autor y bienes con valores subdeclarados.
📦 Hallazgo de más mercancías
La investigación no terminó allí. Con autorización judicial, los equipos ingresaron al recinto donde operaban los imputados y encontraron 225.556 productos adicionales almacenados en pallets y cajas. Entre ellos había juguetes electrónicos, mochilas infantiles, relojes digitales, consolas portátiles y accesorios tecnológicos con marcas como PlayStation, Nintendo, Pokémon y Hello Kitty.
El valor aduanero total de la mercancía incautada superó los $150 millones, confirmando la magnitud de la operación ilícita.
🔍 Fiscalización en zona secundaria
Posteriormente, la Aduana Metropolitana instruyó una fiscalización en zona secundaria, es decir, fuera de puertos y aeropuertos, donde también mantiene facultades de control. Una comisión especializada realizó la revisión y valoración de las mercancías, aportando antecedentes técnicos que fueron determinantes para sustentar la investigación y las medidas cautelares.
Ángelo Vergara, director regional de la Aduana de San Antonio, destacó:
“Este caso demuestra cómo el trabajo de análisis de riesgo y la coordinación entre distintas unidades del Servicio permite detectar operaciones de alto riesgo y activar oportunamente las acciones de fiscalización y persecución penal para proteger el comercio exterior y a los consumidores”.
Rodrigo Díaz, director regional de la Aduana Metropolitana, agregó: “La fiscalización realizada en zona secundaria fue clave para reconstruir la operación y cuantificar las mercancías involucradas. El trabajo técnico de nuestros equipos permitió aportar antecedentes determinantes para sustentar la investigación y finalmente obtener esta condena”.
Ambos directores coincidieron en que la investigación permitió desarticular una empresa fachada que ingresaba grandes volúmenes de productos falsificados destinados al mercado nacional.
⚖️ Condena judicial
El caso concluyó en el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, mediante un procedimiento abreviado. Los imputados fueron condenados a 5 años de presidio menor en su grado máximo, además del pago de una multa de $200 millones y sanciones accesorias.
La sentencia marca un precedente en la lucha contra el contrabando y la protección de la propiedad intelectual en Chile, reafirmando el compromiso de las instituciones en la defensa del comercio legítimo y la seguridad de los consumidores.