La Ley 21.719 comenzará a regir en diciembre de 2026 y obliga a los condominios a proteger la información de residentes y visitantes, con sanciones que pueden alcanzar las 20.000 UTM.

La modernización de la normativa sobre datos personales en Chile está a punto de transformar la vida cotidiana de miles de comunidades residenciales. El próximo 1 de diciembre de 2026 entrará en vigor la Ley 21.719, conocida como Ley de Protección de Datos Personales, que busca situar al país en estándares internacionales en el manejo de información sensible.

Aunque las grandes empresas ya han comenzado a implementar protocolos, existe un sector que ha permanecido en segundo plano: los condominios. En estos espacios es habitual registrar datos de residentes, controlar el acceso de visitas y almacenar imágenes de cámaras de seguridad. La pregunta es inevitable: ¿están preparados para cumplir con la nueva normativa?

El consultor en protección de datos y especialista en ciberseguridad Francisco Yáñez Bernar, socio del Consorcio Tecnológico Octalia, advierte que la respuesta debe ser inmediata. “En este contexto, el comité de administración es quien define cómo se usan los datos de los residentes, por lo que actúa como responsable ante la ley. La administración, en tanto, ejecuta las instrucciones en el día a día”, explicó.

El experto subraya que los riesgos aparecen cuando se manejan mal los reclamos, se exhiben grabaciones sin justificación, se comparten datos con vecinos o se utilizan de manera indebida los registros biométricos. “Estos errores pueden ser sancionados por la Agencia de Protección de Datos Personales, la que podrá fiscalizar y recibir reclamos. En términos simples, la multa la paga el condominio, pero la responsabilidad recae en el comité de administración”, puntualizó Yáñez.

Las sanciones son severas:

• Infracción leve: hasta 5.000 UTM.
• Infracción grave: hasta 10.000 UTM.
• Infracción gravísima: hasta 20.000 UTM.

Para evitar estos costos, la recomendación es clara: capacitar a los trabajadores, definir responsabilidades, establecer reglas y documentar procedimientos que demuestren cumplimiento. Según Yáñez, este proceso puede tardar entre uno y dos meses, dependiendo del tamaño del condominio. “En Octalia trabajamos con un modelo en tres etapas en donde generamos un Prediagnóstico, un Diagnóstico y plan de acción y, por último, Implementación, ya que el objetivo es dejar al condominio ordenado, documentado, con procedimientos claros y con respaldo frente a reclamos”, detalló.

El especialista enfatiza que la protección de datos no es solo un requisito legal, sino un derecho fundamental. “Hoy cualquier organización que maneje datos personales —desde una empresa hasta un condominio— tiene el desafío de hacerlo de forma responsable. No se trata solo de cumplir una ley, sino de respetar un derecho fundamental de las personas. Esperar a diciembre de 2026 para comenzar no es una opción. En ese punto, ya será tarde”, concluyó.