Más de seis mil funcionarios públicos se ausentaron de sus labores con licencia médica, mientras trabajaban en paralelo en empresas privadas, según reveló la contralora Dorothy Pérez en la cuenta pública de la institución.

Un informe reciente de la Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre el uso irregular de licencias médicas en el sector público. La investigación reveló que más de 6.300 funcionarios públicos se ausentaron de sus labores estatales con licencias médicas, pero al mismo tiempo desempeñaban funciones en empresas privadas.

La contralora Dorothy Pérez, en su cuenta pública, fue categórica al señalar:

“6.311 casos de personas que justificaron su inasistencia en el sector público. No podían venir a trabajar a los municipios, a los servicios de salud, a los ministerios, pero sí podían trabajar en el sector privado”.

El hallazgo pone en evidencia un problema estructural que afecta directamente la confianza ciudadana en la administración pública. Los funcionarios involucrados pertenecen a distintas áreas del Estado, incluyendo municipios, ministerios y servicios de salud, donde justificaron su ausencia mediante licencias médicas que, en teoría, deberían haberlos imposibilitado de ejercer cualquier actividad laboral.

La Contraloría destacó que este tipo de prácticas no solo vulnera la normativa vigente, sino que también genera un impacto económico significativo en el erario público. El pago de remuneraciones por licencias médicas, sumado a la contratación de reemplazos en algunos casos, representa un gasto adicional que finalmente recae en los recursos estatales.

El informe busca abrir un debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y control en torno al uso de licencias médicas. La contralora Pérez subrayó que la institución continuará profundizando en estas investigaciones para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera correcta y transparente.

Este caso, que involucra a miles de funcionarios, se convierte en un llamado urgente a revisar los protocolos de supervisión y a reforzar la ética en el ejercicio de la función pública. La ciudadanía espera respuestas claras y medidas concretas que eviten que situaciones como esta se repitan en el futuro.