El máximo tribunal ratificó la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago y abrió paso a la formalización del diputado por presunto fraude superior a $104 millones.
En un fallo que marca un hito en la agenda judicial y política del país, la Corte Suprema confirmó el desafuero del diputado Joaquín Lavín León, quien enfrenta una investigación por fraude al fisco, falsificación y uso malicioso de instrumento mercantil.
La resolución del pleno del máximo tribunal mantiene lo ya resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago respecto de los cargos principales, aunque revocó el desafuero en relación al delito tributario. La decisión fue adoptada de manera dividida, reflejando la complejidad del caso y la diversidad de criterios dentro del tribunal.
El fiscal Eugenio Campos, jefe de la Unidad Anticorrupción, valoró la resolución y expresó que el Ministerio Público está “muy satisfecho” con el fallo. El persecutor adelantó que ahora se solicitará audiencia de formalización y se evaluarán posibles medidas cautelares contra el parlamentario.
Según la investigación, los hechos involucrarían un presunto fraude al fisco por más de $104 millones en asignaciones parlamentarias, cifra que ha generado gran impacto en la opinión pública y que pone bajo la lupa el uso de recursos destinados a la labor legislativa.
El caso Lavín León se ha convertido en uno de los procesos más relevantes en materia de probidad política, al evidenciar la capacidad de las instituciones para fiscalizar y sancionar posibles irregularidades en el ejercicio del poder. La confirmación del desafuero abre un nuevo capítulo judicial que podría tener consecuencias directas en la carrera política del diputado y en la confianza ciudadana hacia el Congreso.
La Fiscalía, respaldada por el fallo de la Corte Suprema, se prepara para avanzar en la formalización y profundizar en las diligencias que permitan esclarecer la magnitud del presunto fraude. Mientras tanto, el país observa con atención el desarrollo de un caso que pone en el centro del debate la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos.