La iniciativa busca regular y sancionar estos eventos que atemorizan a la población, afectando incluso la asistencia a clases.
El diputado Andrés Celis, del partido Renovación Nacional (RN), encabeza un grupo de parlamentarios conformado por Marcia Raphael, Miguel Mellado, María Luisa Cordero, Hugo Rey, Eduardo Durán, Sofía Cid y Catalina del Real. Juntos presentaron un proyecto de ley enfocado en poner fin a la impunidad en la realización de los llamados «narcofunerales», eventos que causan temor entre los ciudadanos y han llevado incluso a la suspensión de clases debido a las alteraciones provocadas por disparos y fuegos artificiales.
«Los narcofunerales se toman nuestras calles y barrios provocando que, incluso, los ciudadanos deban encerrarse en sus casas y los niños y jóvenes no puedan asistir tranquilos y seguros a los recintos de educación», explicó el diputado Celis Montt. Agregó que es fundamental ampliar la legislación en contra de estas instancias; avanzar sin miedo a los narcotraficantes y contar con un apoyo transversal en la Cámara de Diputadas y Diputados.
La propuesta otorga facultades al Gobernador Regional para dictar una resolución sobre narcofunerales. Esta resolución debe informar el recorrido del carro fúnebre desde el lugar donde ocurrió el fallecimiento o se recoge el cuerpo hasta el cementerio. Además, prohíbe cambiar la ruta o realizar paradas en puntos específicos, todo bajo la supervisión de Carabineros.
La diputada Sofía Cid afirmó que «los narcofunerales son una de las tantas expresiones de la cultura narco que en los últimos años ha ganado terreno a la cultura chilena». Añadió que es necesario reconocer estos funerales como fuente de riesgo y apoyar iniciativas que establezcan límites y sanciones.
Por su parte, la diputada Marcia Raphael manifestó que esta iniciativa busca establecer un control para resguardar el orden público en funerales de alto riesgo, dejando claro que nadie está al margen del Estado de Derecho en Chile.
El proyecto también contempla prohibiciones como el seguimiento del carro fúnebre por vehículos o personas a pie y la realización de velorios en casas particulares, sedes vecinales u otros espacios públicos o privados. Quienes no cumplan con estas disposiciones podrían enfrentar penas de prisión y las empresas fúnebres podrían recibir sanciones como prohibición temporal de funcionamiento.
En los últimos cuatro años, Carabineros ha registrado 1.518 funerales considerados «de alto riesgo», destinando 17.622 funcionarios para garantizar la seguridad ciudadana ante estas situaciones.