Diputadas y diputados advierten que menos del 2% del Fondo de Emergencia Transitorio ha sido ejecutado y llaman a modificar su vigencia para evitar que los recursos terminen en el FEES.
La Cámara de Diputadas y Diputados ha emitido una solicitud de acuerdo dirigida al Presidente de la República, expresando su “preocupación por la escasa ejecución del Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios”, establecido en la Ley N° 21.681. La iniciativa busca redoblar los esfuerzos gubernamentales para implementar los recursos comprometidos y modificar la fecha de extinción del fondo, considerando el cambio de administración que se avecina.
El fondo, creado como respuesta excepcional a la catástrofe que azotó la región de Valparaíso en febrero de 2024 —con centenares de víctimas fatales, miles de damnificados y pérdidas materiales incalculables— fue concebido con un presupuesto máximo de $800 mil millones. Su objetivo: financiar la reconstrucción de viviendas, infraestructura pública y equipamiento comunitario, además de medidas de prevención y mitigación ante futuros eventos similares.
Sin embargo, la ejecución ha sido alarmantemente baja. Según datos de la Dirección de Presupuestos, al mes de agosto sólo se ha implementado un 1,74% del total del fondo, y apenas un 23,95% de los recursos asignados para el presente año. Esta brecha entre planificación y acción concreta ha generado una crítica transversal en el Congreso.
“La ayuda ha sido escasa por no decir nula”, señala el documento, citando el informe de la Comisión Especial Investigadora de Reconstrucción. A pesar de que el Congreso tramitó la ley en 39 días, el reglamento fue publicado recién en marzo, 313 días después del desastre, lo que ha retrasado soluciones definitivas para los damnificados de Valparaíso, Viña del Mar y Villa Alemana.
Uno de los puntos más controversiales es el artículo 2 de la ley, que establece que los recursos no ejecutados serán transferidos al Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), un instrumento macroeconómico sin destinación específica. Aunque esta medida fue introducida por el Ejecutivo
“para resguardar que los recursos sigan siendo destinados a fines sociales”
el Congreso advierte que no garantiza