La crisis de seguridad y el aumento de criminales organizados en cárceles impulsan la necesidad de ampliar la capacidad penitenciaria y mejorar la infraestructura.

El Gobierno está considerando la posibilidad de construir una nueva prisión de máxima seguridad destinada específicamente a los líderes de organizaciones criminales, según informó el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo. Esta medida surge en respuesta a la creciente crisis de seguridad y al cambio en el perfil de los reclusos, que ahora incluye a miembros de bandas delictivas organizadas.

Gajardo reveló que actualmente hay aproximadamente 47.000 personas privadas de libertad en el país, mientras que la capacidad del sistema penitenciario es de 42.000. Esto representa una ocupación del 110% en las instalaciones carcelarias, una cifra que ha aumentado significativamente en el último año.

El subsecretario explicó que, aunque la cantidad de personas privadas de libertad se mantuvo estable durante la pandemia, ha habido un aumento notable en 2022, llegando a 47.000 en marzo. Además, Gajardo destacó que el tipo de delincuentes ha cambiado, ya que ahora se encuentran más criminales peligrosos y miembros de organizaciones delictivas en las cárceles.

Ante esta situación, el subsecretario de Justicia afirmó que es necesario ampliar la capacidad del sistema penitenciario, que no ha experimentado cambios desde 2012, y mejorar la infraestructura para poder separar adecuadamente a los reclusos según su perfil delictivo. Al asumir su cargo, Gajardo encontró que sólo había cinco módulos de alta seguridad en los 80 establecimientos penitenciarios del país, con capacidad para 300 personas en total.

A pesar de las mejoras realizadas en algunos de estos módulos, como la reparación del módulo de la cárcel de Arica y la remodelación de la cárcel de alta seguridad, Gajardo aseguró que estas medidas siguen siendo insuficientes. Por ello, el Gobierno está considerando la construcción de más módulos de alta seguridad, así como una nueva prisión de máxima seguridad para alojar a los líderes de bandas criminales de manera aislada y segregada.

Sin embargo, antes de llevar a cabo estos proyectos, el subsecretario señaló que es necesario aprobar una solución legislativa que permita agilizar la construcción de establecimientos penitenciarios, ya que actualmente este proceso puede tardar entre ocho y diez años. Gajardo espera que esta medida permita acelerar los proyectos de infraestructura penitenciaria y abordar de manera más efectiva la crisis de seguridad en el país