Desvío de Fondos y Falta de Transparencia: Escándalo de la Fundación Daya Afecta a Múltiples Municipalidades

El diputado Andrés Celis oficia a la Municipalidad de Quilpué por el pago de $32 millones a la Fundación Daya, en un escándalo que también afecta a otras 13 municipalidades. La falta de entrega de medicamentos de cannabis desata preocupaciones sobre la transparencia y eficacia administrativa.

Municipios acusan a Fundación Daya de no entregar medicamentos de cannabis a pesar de pagos millonarios. Contraloría investiga posibles delitos.

En un escándalo que remece las bases de la administración pública local, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, tomó medidas decisivas esta mañana al oficiar a la Municipalidad de Quilpué por el preocupante caso de los $32,5 millones pagados a la Fundación Daya sin recibir los medicamentos prometidos a base de cannabis. Este caso no es aislado, ya que otras 13 municipalidades también están implicadas en pagos similares bajo promesas no cumplidas.

No solo Quilpué ha sido víctima de esta situación; de hecho, de los 14 municipios afectados, solamente cuatro han recibido alguna parte de las dosis acordadas. Este hecho llevó al diputado Celis a demandar claridad y respuestas inmediatas sobre la inversión realizada y las acciones subsiguientes de la municipalidad para mitigar esta falta de cumplimiento.

En su comunicado, el diputado especifica la necesidad de información detallada en tres ámbitos cruciales:

  1. Causas de la no recepción del fármaco: Detallar por qué, a pesar de la inversión de $35,2 millones, no se ha recibido ninguna dosis del medicamento de cannabis.
  2. Medidas tomadas: Describir las acciones que ha emprendido la Municipalidad de Quilpué ante la ausencia de las dosis comprometidas.
  3. Gestiones realizadas: Exponer las gestiones hechas para resolver la falta de entrega de los medicamentos.

El escándalo tiene un trasfondo aún más complejo al involucrar a la Fundación Daya, dirigida por la diputada Ana María Gazmuri y su esposo, Nicolás Dormal. Un informe preliminar de la Contraloría General de la República indica que los pagos realizados por los municipios, que suman casi $380 millones, fueron parte de un convenio no autorizado por el SAG, levantando serias interrogantes sobre la eficacia, responsabilidad y transparencia de estos actos.

El impacto en la comunidad de Quilpué es significativo, especialmente para aquellos pacientes que requieren tratamientos para dolores crónicos y que ahora enfrentan la incertidumbre debido a la falta de estos medicamentos.

 

 

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