El Mandatario se sometió voluntariamente a un examen en la ACHS y anunció que buscará ampliar la ley para que todos los funcionarios del Estado, desde ministros hasta concejales, deban acreditar estar libres de vínculos con el narcotráfico.
El Presidente José Antonio Kast sorprendió este miércoles al someterse de manera voluntaria a un examen de detección de drogas en la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). La acción, inédita desde que asumió el cargo, busca reforzar la transparencia y dar una señal clara frente al combate contra el narcotráfico.
“Tenemos que acreditar que cualquier autoridad que ejerce un cargo público debe estar muy lejos de lo que son las redes del narcotráfico”, señaló el Mandatario tras realizarse un test de pelo.
La medida se enmarca en la Ley N° 21.806, que obliga a ministros, subsecretarios y jefes de servicio a someterse a este tipo de pruebas al incorporarse al Gobierno. Sin embargo, Kast adelantó que pretende ir más allá y ampliar el espectro de autoridades obligadas a cumplir con este requisito.
El Presidente reconoció que “casi la totalidad” de los ministros y subsecretarios ya se sometieron a la prueba de manera voluntaria antes de asumir sus cargos. “Faltaba yo, falta el ministro Quiroz y creo que dos o tres subsecretarios, pero todos tenían muy claro que cuando entraran a sus cargos tenían que hacerse la muestra”, explicó.
En su discurso, Kast fue enfático en que el objetivo es perfeccionar el sistema:
“Nosotros todo esto lo queremos ir perfeccionando porque está claro que, si nosotros planteamos que tenemos un problema real de narcotráfico, tenemos que acreditar que cualquier autoridad que ejerce un cargo público debe estar muy lejos de lo que son las redes de este”.
El Mandatario adelantó que propondrá modificaciones legales para que todos los servidores públicos, sin importar si son de planta, contrata u honorarios, deban someterse en algún momento a un examen aleatorio. “Puede ser de pelo u orina, que es bastante más económico y también eficaz”, detalló.
Asimismo, Kast subrayó que espera contar con el respaldo del Congreso para incluir a gobernadores, alcaldes, consejeros regionales y concejales en esta obligación. “También le vamos a plantear al Poder Legislativo que se incluya de manera clara a senadores y diputados”, agregó.
La propuesta incluso alcanzaría a las directivas de los partidos políticos. “Creemos que cualquier partido político que tenga representación parlamentaria y reciba fondos públicos debiera acreditar que cada una de las personas que ejerce un cargo de dirección en este partido garantice que no tiene dependencia o que no está sujeta a algún tipo de situación compleja con el narcotráfico y con el crimen organizado”, concluyó.
La iniciativa abre un debate nacional sobre la transparencia y la responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas, marcando un precedente en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en Chile.