El abogado y ex juez suplente de Santo Domingo inicia su gestión como seremi, destacando la importancia de fortalecer el acceso a la justicia y el respeto a los derechos humanos en la región.

Con una trayectoria marcada por la práctica jurídica y la gestión en instituciones públicas y privadas, este lunes Rafael González Camus asumió oficialmente como nuevo secretario regional ministerial de Justicia y Derechos Humanos en la región de Valparaíso. Su llegada a la cartera se produce en un contexto donde la reinserción social y la seguridad son temas prioritarios para la comunidad.

En su primera intervención pública, González subrayó los lineamientos que guiarán su gestión.

“Uno de los aspectos más importante de la agenda ministerial está orientado a fortalecer la justicia, promover el respeto a los derechos humanos y avanzar en un trabajo coordinado al servicio de las personas y, por supuesto, reafirmando el compromiso de nuestro ministerio con el fortalecimiento del Estado de Derecho y el acceso a la justicia”, señaló con firmeza.

El nuevo seremi es abogado titulado en la Universidad de Valparaíso, donde cursó sus estudios entre 2001 y 2005, obteniendo su grado con distinción. Su carrera profesional se ha desarrollado en múltiples áreas del derecho, incluyendo materias civiles, laborales, de familia y policía local. Además, ha ejercido como asesor jurídico para empresas, organizaciones y comunidades, abordando temas corporativos, comerciales y de copropiedad.

Su experiencia también se extiende al ámbito de la gestión, desempeñándose como gerente y asesor en materias laborales y corporativas en diversas instituciones de la sociedad civil de Valparaíso. Hasta antes de asumir este nuevo cargo, ejercía como juez suplente de Policía Local en la comuna de Santo Domingo, designación que fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

La llegada de González a la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos abre una etapa en la que se espera consolidar políticas de acceso equitativo a la justicia, fortalecer la reinserción social y garantizar que los derechos fundamentales de las personas sean respetados en cada rincón de la región. Su perfil, que combina experiencia académica, práctica independiente y gestión institucional, lo posiciona como un actor clave para enfrentar los desafíos que demanda la ciudadanía en materia de justicia y derechos humanos.