La ministra Judith Marín defendió la decisión de pedir la renuncia de Priscilla Carrasco, argumentando hallazgos técnicos y financieros que revelan una gestión deficiente en el organismo.

La reciente solicitud de renuncia a la directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco, ha generado un intenso debate político y social. La medida, impulsada por la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, se produjo en medio del tratamiento médico de Carrasco por cáncer de mama, lo que provocó críticas transversales en el mundo político.

Sin embargo, desde el ministerio se entregaron argumentos que buscan justificar la decisión. Según la cartera, la salida de la autoridad —quien había sido seleccionada en 2022 a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP)— responde a hallazgos preliminares de una auditoría en curso.

La secretaría de Estado explicó que se trata de una «decisión basada en argumentos de carácter técnico y laborales», enfatizando que los antecedentes recopilados hasta ahora muestran serias falencias en la administración del servicio.

En el documento oficial se detalla que «como es de público conocimiento, se está llevando a cabo una auditoría, donde se advirtieron situaciones que denotan una gestión administrativa y de recursos deficientes». Entre los principales cuestionamientos se mencionan inconsistencias en la entrega de información financiera, falta de trazabilidad en procesos contables y compromisos laborales sin respaldo.

El ministerio también acusó la existencia de «contratación de créditos no autorizados y desproporción en el gasto operativo sin las justificaciones correspondientes». A ello se suma la entrega tardía de información relevante, como el reporte de femicidios, lo que habría afectado la continuidad del servicio.

Ante este escenario, la ministra Marín sostuvo que «el Ministerio decidió reestructurar la dirección del SernamEG para garantizar la continuidad del servicio y la atención que reciben miles de mujeres».

La decisión, aunque polémica por el contexto personal de Carrasco, se enmarca en la necesidad de asegurar un manejo transparente y eficiente de los recursos públicos. El caso abre un debate sobre los estándares de gestión en organismos clave para la protección de los derechos de las mujeres y la equidad de género en Chile.