El Gobierno activa 17 medidas urgentes para blindar la seguridad carcelaria, con apoyo internacional, redistribución de gendarmes y auditoría del BID.

En una respuesta inmediata a los recientes incidentes ocurridos en el Complejo Penitenciario de Valparaíso, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón, presentó este sábado un robusto plan de acción que contempla 17 medidas extraordinarias para reforzar la seguridad en los recintos penitenciarios del país.

Tras reunirse con el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz Lamartine, y el director nacional (s) de Gendarmería, Rubén Pérez Riquelme, el ministro Gajardo fue enfático: “Estamos trabajando con hechos concretos para enfrentar la sobrepoblación y mejorar la seguridad penitenciaria. Este plan es parte de una política integral que combina infraestructura, dotación, cooperación internacional y más control interno. La ciudadanía puede tener la certeza de que estamos tomando todas las medidas necesarias”.

La ofensiva gubernamental incluye acciones inmediatas que ya comenzaron a ejecutarse bajo la supervisión directa de la Subsecretaría de Justicia. En un plazo de 24 horas, Gendarmería deberá entregar un informe detallado sobre la seguridad perimetral de todos los establecimientos penales del país. En 72 horas, se completará una revisión exhaustiva de la segmentación y clasificación de la población penal, mientras que en 48 horas se evaluará la redistribución de gendarmes desde funciones administrativas hacia labores de vigilancia activa.

Además, se impulsará una iniciativa legislativa para recontratar a funcionarios en retiro con hoja de vida intachable, fortaleciendo así la experiencia institucional. “Vamos a reforzar las medidas para fortalecer la seguridad de todos los establecimientos penitenciarios del país y entregarle a la ciudadanía la certeza de que estamos tomando todas las medidas necesarias”, puntualizó Gajardo.

En coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública, se reforzará la seguridad perimetral de los recintos más críticos, con apoyo de Carabineros de Chile. Los 80 directores regionales de Gendarmería deberán presentar informes actualizados para detectar vulnerabilidades y fortalecer protocolos internos.

Uno de los puntos más destacados del plan es la cooperación internacional. Expertos penitenciarios de Italia y España, en el marco del programa contra el crimen organizado transnacional de la Unión Europea, llegarán en septiembre para trabajar junto a Gendarmería. A esto se suma una auditoría del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que evaluará los sistemas de control y segregación internos.

El ministro también reveló que durante esta administración se han invertido más de 10 mil millones de pesos en tecnovigilancia, superando ampliamente gestiones anteriores. Esta inversión ha permitido disminuir fugas y eventos críticos, a pesar de que la población penal ha aumentado en un 40% desde el inicio del gobierno.

Actualmente, el sistema cuenta con inhibición de telefonía celular en el 20% de la población penal, y se espera alcanzar el 50% en los próximos meses. Además, se han incorporado 13 vehículos blindados para traslados de alto riesgo y se duplicaron los cupos de máxima seguridad, con proyecciones de triplicarlos antes del fin del período.

Este plan integral no solo busca contener la crisis actual, sino sentar las bases de una transformación profunda del sistema penitenciario chileno, con estándares internacionales, mayor control interno y una visión de largo plazo que prioriza la seguridad ciudadana.