Parlamentarios del Partido Republicano calificaron como “grave” el caso que involucra gestiones para adelantar la atención médica de la madre de la exministra Ximena Aguilera, advirtiendo que se vulnera la igualdad ante la ley y el deber de probidad en el sistema público.

La polémica por un supuesto “telefonazo” para agilizar la atención médica de la madre de la exministra de Salud, Ximena Aguilera, durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, sigue generando repercusiones en el Congreso. La Contraloría General de la República confirmó que existieron gestiones previas para facilitar el acceso a una cama en el Hospital del Salvador, lo que motivó la apertura de un sumario administrativo para esclarecer responsabilidades.

Los diputados del Partido Republicano reaccionaron con dureza y calificaron el hecho como “inaceptable”, subrayando que se trata de una vulneración al principio de igualdad ante la ley y al deber de probidad que deben cumplir las autoridades. La diputada Macarena Santelices, integrante de la Comisión de Salud, fue enfática: “La Contraloría confirmó algo inaceptable, y es que sí hubo gestiones para que la madre de la exministra de Salud fuera atendida en el sistema. Cuando hay más de dos millones y medio de chilenos esperando por una atención digna y oportuna, lo digo fuerte y claro: como integrante de la Comisión de Salud no vamos a aceptar ningún tipo de abusos”.

En la misma línea, el diputado Agustín Romero advirtió que el caso debe analizarse con responsabilidad, pero reconoció que la eventual existencia de privilegios sería una señal preocupante para la ciudadanía: “Lo que ha señalado la Contraloría es grave, porque apunta a una posible vulneración del principio de igualdad ante la Ley. Aquí lo importante es que en Chile nadie tenga privilegios en salud, y eso lo vamos a defender con firmeza”.

La diputada Catalina Del Real agregó que, de confirmarse las gestiones, se trataría de una falta grave al deber de probidad: “Resulta inaceptable que mientras pacientes esperaban decenas de horas por una cama, se realizaran coordinaciones anticipadas para facilitar la atención de una persona por su vínculo con una autoridad”. Enfatizó además que la salud pública no puede transformarse en un espacio de privilegios: “Esperamos que el sumario llegue hasta las últimas consecuencias y que se determinen responsabilidades administrativas y políticas”.

Por su parte, la diputada Chiara Barchiesi cuestionó la transparencia de las autoridades de la administración anterior: “Es gravísimo que nuevamente nos enteremos de situaciones que contradicen lo que se había informado. Lo más delicado es que, mientras había personas esperando durante horas o incluso días por atención, se habrían realizado gestiones para adelantar un procedimiento, lo que incluso significó suspender otras intervenciones”. Según la parlamentaria, este tipo de hechos afecta directamente la confianza en el sistema público.

Finalmente, el diputado Luis Fernando Sánchez sostuvo que los antecedentes revelados generan preocupación, ya que previamente se había asegurado que no existieron presiones: “Esto es grave porque aquí se faltó a la verdad. Se había señalado que el procedimiento se realizó con normalidad y que no hubo presiones, pero hoy conocemos antecedentes que indican que sí existieron gestiones desde el entorno de una alta autoridad para adelantar una atención, y eso es algo inaceptable”. El parlamentario cerró con un mensaje claro: “Todos podemos preocuparnos por nuestros cercanos, pero usar el cargo para influir y saltarse la fila no puede ocurrir en un sistema público. Esto tiene que investigarse y debe tener consecuencias”.