Autoridades de Gobierno en Valparaíso se someten voluntariamente a test de drogas para reforzar transparencia y probidad

Autoridades regionales en Valparaíso se sometieron voluntariamente al test de drogas, cumpliendo con el mandato presidencial que busca elevar los estándares de probidad y transparencia.

La seremi de Gobierno Rosario Pérez participó en la toma de muestras de cabello, cumpliendo con el mandato presidencial que busca elevar los estándares de confianza en la función pública.

En una señal concreta de compromiso con la transparencia y la probidad, autoridades regionales de la Región de Valparaíso se sometieron voluntariamente a la toma de muestras de cabello para la realización de exámenes toxicológicos. La medida responde al mandato presidencial anunciado por el Presidente José Antonio Kast, quien busca fortalecer los estándares de exigencia en el ejercicio de los cargos públicos.

La iniciativa, que contempla además el ingreso de un proyecto de ley para establecer la obligatoriedad de este procedimiento en todo el país, se enmarca en las acciones del Ejecutivo orientadas a reforzar la confianza ciudadana en las instituciones.

En Valparaíso, la seremi de Gobierno, Rosario Pérez, fue una de las primeras autoridades en cumplir con esta disposición. La autoridad regional señaló: “Si queremos avanzar con fuerza contra el crimen organizado debemos entregar señales y la realización del test antidrogas a autoridades y funcionarios representa un paso concreto en este sentido. Quienes ejercemos funciones públicas debemos actuar con total responsabilidad e independencia. El Presidente José Antonio Kast dio el primer paso en esta línea y nosotros como autoridades regionales debemos cumplir con las exigencias requeridas para el cargo”.

Desde el Gobierno Regional se informó que distintas autoridades ya han participado en este examen de manera voluntaria, reforzando el compromiso con la probidad y la transparencia. El procedimiento, que utiliza muestras de cabello, busca garantizar independencia y responsabilidad en quienes ejercen funciones públicas, elevando los estándares de exigencia y fortaleciendo la confianza ciudadana.

La medida ha sido presentada como un gesto simbólico y práctico en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, marcando un precedente en la forma en que las autoridades enfrentan la necesidad de entregar señales claras de responsabilidad y probidad en el ejercicio de sus cargos.

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