Nuestro país continúa avanzando hacia un futuro más sostenible, demostrando su compromiso con la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.
Dentro de los anuncios en la última cuenta pública, destacó el liderazgo de Chile en electromovilidad, donde además se presentaron una serie de iniciativas y objetivos del país en materia sostenible.
Santiago es líder en América Latina en transporte público sostenible, con una flota de 2.200 buses eléctricos, la más grande de la región y una de las mayores del mundo, solo superada por ciudades chinas.
Así, Chile se posiciona como líder regional en la lucha contra el cambio climático a través de diversas iniciativas que abarcan desde la generación de energía limpia hasta la reducción de desechos plásticos y la promoción de un transporte público más sustentable.
La transición energética en Chile cuenta con amplio apoyo de partidos políticos y de la ciudadanía. Según estudios, un 67% de los chilenos expresa «alto orgullo» por las acciones de protección de áreas marinas y costeras, y un 59% destaca la conservación de especies y diversidad como motivo de orgullo.
Pilares y objetivos sostenibles
En mayo de 2022, el Senado chileno aprobó la integración del país al Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe. Este acuerdo busca mejorar la institucionalidad ambiental y adecuarla a las realidades climáticas, sociales y económicas de los territorios.
Por otro lado, Chile se ha comprometido a alcanzar la carbono neutralidad para el año 2050, eliminando gradualmente el uso de combustibles fósiles y promoviendo la energía renovable.
En mayo de 2024, el gobierno lanzó el Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030, con 81 acciones para desarrollar una industria que combine desarrollo económico y respeto al medio ambiente. Se proyectan inversiones de US$ 475 mil millones en la próxima década, posicionando a Chile como un líder en la producción de este combustible.
Finalmente, la ley marco en discusión institucionaliza la lucha contra el cambio climático como una política de Estado, estableciendo la meta de carbono neutralidad para 2050 y asegurando que el enfoque ecológico sea integrado en las decisiones de todos los ministerios.