Autoridades regionales denuncian desvinculación de 63 trabajadores, en su mayoría mujeres, y exigen transparencia en las decisiones de la Delegación Presidencial de Valparaíso.

La tensión política y social en Valparaíso se intensificó esta semana tras la sorpresiva desvinculación de 63 trabajadores y trabajadoras del Programa Proempleo, medida que afectó principalmente a mujeres que cumplían funciones en distintas áreas del municipio porteño.

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, junto al gobernador regional, Rodrigo Mundaca, y la presidenta del Sindicato Proempleo PIC 2 y PIC 4, María Inés Marín, calificaron la decisión como una “total injusticia” y emplazaron directamente al delegado presidencial, Manuel Millones, a entregar explicaciones claras y oficiales.

Nieto fue enfática:

“hemos decidido hacer una convocatoria junto al gobernador regional para exigir la reincorporación de las 63, en su mayoría mujeres, que han sido desvinculadas de un día para otro, sin mediar justificación y sin responder a ningún criterio en atención a las decisiones que ha tomado la ONG ejecutora del Programa Proempleo y la Delegación Presidencial de Valparaíso. Como alcaldesa no puedo quedarme callada ante esta situación de injusticia”.

La jefa comunal detalló que entre las afectadas se encuentran 17 mujeres de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), quienes atendían emergencias sociales, además de trabajadoras en áreas de Parques y Jardines, mantención, operativas y administrativas. “Nos quedamos con 63 personas menos que apoyan en las labores municipales y sin ningún previo aviso”, recalcó.

Por su parte, Mundaca cuestionó el sesgo de la medida:

“Curioso que se desescale el Programa Proempleo en liderazgos femeninos, en liderazgos de mujeres que hoy día están legítimamente conduciendo los destinos de ambas comunas. Hay un cierto sesgo ideológico en la decisión”. El gobernador agregó que el Gobierno Regional ejercerá todas las facultades fiscalizadoras, recordando que son ellos quienes financian el programa.

La presidenta del sindicato, María Inés Marín, advirtió que la desvinculación golpea directamente a las familias: “no son 63 personas, son 63 familias que en el mes de julio no van a poder llevar sus recursos a sus hogares. Es necesario reincorporar a estas trabajadoras y trabajadores que cumplimos funciones en los departamentos municipales”.

El conflicto deja en evidencia una fractura institucional y política en torno a la gestión del Programa Proempleo, mientras las autoridades locales exigen transparencia y respeto hacia quienes dependen de este trabajo para sostener sus hogares.