Desde este 1 de julio, la Ley Nº 21.809 obliga a todos los colegios del país a implementar medidas claras contra la violencia y el acoso escolar. El gremio docente celebra la iniciativa, aunque advierte que no es una solución mágica.

Este 1 de julio de 2026 marca un hito en la educación chilena: entra en vigencia la Ley Nº 21.809 de Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, normativa que establece obligaciones concretas para todos los establecimientos del país, desde educación parvularia hasta enseñanza media. Su objetivo es claro: prevenir el acoso, la discriminación y erradicar la violencia escolar, entregando reglas más precisas y herramientas de apoyo para docentes, estudiantes y familias.

El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile AG, a través de su Presidente Nacional, Mario Aguilar Arévalo, recordó que esta legislación responde a una demanda histórica del gremio:

“Es algo que nosotros hemos solicitado, trabajamos, empujamos, presionamos, exigimos en su momento al Gobierno anterior una ley de ese tipo”.

Aguilar enfatizó que la nueva normativa no debe interpretarse como una solución inmediata, pero sí como un avance significativo:

“Creemos que no va a ser una solución mágica, pero sí va a contribuir a entregar herramientas que hasta ahora no han tenido las comunidades escolares y también porque tiene un foco en lo preventivo, en una concepción un poco más social, entendiendo que la violencia es un tema multifactorial e intenta abordar algunos de esos aspectos”.

El dirigente gremial fue categórico al señalar que la ley no resolverá por sí sola los problemas estructurales de la violencia escolar:

“No hará milagros, porque una ley no hace eso. El problema de fondo es bastante más estructural, pero sí va a entregar herramientas, en especial de protección a las víctimas y en la exigencia a los sostenedores de contar con medidas preventivas que esperamos puedan contribuir a controlar de mejor forma la violencia”.

La historia de esta normativa se remonta al junio de 2024, cuando el proyecto fue presentado por el Gobierno anterior. Tras un largo proceso legislativo, el 27 de enero de 2026 fue aprobado en el Congreso Nacional, el 25 de marzo promulgado y finalmente publicado en el Diario Oficial el 1 de abril de 2026, entrando en vigencia este 1 de julio.

Con esta ley, los colegios deberán implementar protocolos claros, planes de prevención y mecanismos de apoyo que fortalezcan la convivencia escolar. El desafío ahora será que los sostenedores cumplan con las exigencias y que las comunidades educativas logren transformar estas herramientas en cambios reales dentro de las aulas.