Alcaldes de todo Chile demandan una respuesta interministerial urgente ante el avance de ocupaciones ilegales que amenazan la seguridad, el orden urbano y la dignidad ciudadana

La preocupación por el crecimiento descontrolado de tomas irregulares de terreno se ha convertido en un clamor nacional. En una reunión clave entre el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Gustavo Alessandri, y el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, alcaldes de diversas comunas del país exigieron al Estado una respuesta “implacable y coordinada” frente a este fenómeno que, lejos de disminuir, se intensifica con graves consecuencias sociales, económicas y de seguridad.

Representantes comunales de Ancud, Palmilla, Papudo, Recoleta, Padre Hurtado, Temuco, Curicó, Cerrillos, Malloa y San José de la Mariquina coincidieron en que la falta de fiscalización está permitiendo que inescrupulosos loteen, vendan y lucren con terrenos ocupados ilegalmente, aprovechándose de la necesidad habitacional de miles de familias.

🗣️ Voces que exigen acción: “El Estado no puede ser ambiguo”

Gustavo Alessandri, presidente de la ACHM, fue enfático al señalar que “el Estado no puede ser ambiguo frente a un fenómeno que, lejos de resolverse, se está profundizando porque las tomas no sólo afectan la planificación urbana y los servicios básicos, sino que muchas de ellas están siendo instrumentalizadas poniendo en riesgo la seguridad de nuestros vecinos”.

La denuncia no se queda en lo técnico. La alcaldesa de Papudo, Claudia Adasme, quien también forma parte del directorio de la ACHM, apuntó directamente al corazón del problema: “Este es un negocio muy lucrativo para inescrupulosos que abusan de una necesidad real de muchos ciudadanos, por lo tanto, nosotros exigimos al ministerio que exista un trabajo enfocado en llegar a quienes lucran descaradamente porque esa es la primera puerta que se le abre a este problema social de las tomas”.

🛑 Coordinación interministerial: la exigencia de una estrategia nacional

Los municipios no sólo piden fiscalización, sino una estrategia articulada entre los ministerios de Vivienda y Urbanismo, Obras Públicas, Seguridad, Bienes Nacionales y Justicia. La idea es enfrentar el fenómeno desde todos los frentes: territorial, legal, social y de seguridad.

Alessandri advirtió que “debemos evitar señales peligrosas cuando no hay una proactividad en estas materias porque se instala la idea de que la ocupación ilegal puede terminar siendo un camino válido o tolerado para acceder a un bien tan sensible como la vivienda”.

🏗️ Más allá de las tomas: desarrollo urbano en la agenda

Durante la jornada, también se abordaron temas clave para el desarrollo urbano, como la ampliación del programa Pequeñas Localidades, el fortalecimiento de “Quiero Mi Barrio”, la adquisición de terrenos para proyectos habitacionales, la pavimentación urbana, el mejoramiento de espacios públicos y la urgente actualización de los planes reguladores.

La reunión dejó claro que los municipios están dispuestos a colaborar, pero exigen que el Estado actúe con decisión, sin ambigüedades ni dilaciones. La ocupación ilegal no puede seguir siendo una vía tolerada para acceder a la vivienda. El llamado está hecho: ahora le toca al Estado responder.