La iniciativa del Gobierno, complementaria al proyecto “Escuelas Protegidas”, endurece las sanciones para delitos cometidos contra estudiantes, docentes y funcionarios en entornos escolares. El texto fue despachado al Senado para su segundo trámite legislativo.
En una sesión marcada por el consenso mayoritario, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que aumenta las penas por delitos vinculados a la violencia escolar, una medida impulsada por el Gobierno que busca fortalecer la seguridad y el respeto dentro de los espacios educativos del país.
La iniciativa, que complementa el programa “Escuelas Protegidas”, introduce nuevas agravantes penales para quienes cometan delitos contra integrantes de comunidades educativas, ya sea dentro de los establecimientos, en sus alrededores o durante actividades escolares. Con 104 votos a favor, 16 en contra y 22 abstenciones, el proyecto fue despachado al Senado para continuar su tramitación.
Uno de los artículos centrales —aprobado con 81 votos favorables, 49 en contra y 12 abstenciones— establece que se considerará agravante penal “cometer delitos contra integrantes de comunidades educativas en el ejercicio de sus funciones o en actividades relacionadas con establecimientos educacionales”.
La norma define como parte de la comunidad educativa a estudiantes, padres y apoderados, docentes, asistentes de la educación, equipos directivos y sostenedores, ampliando el marco de protección frente a agresiones físicas, amenazas o daños a la propiedad. También se contemplan sanciones agravadas para delitos cometidos mediante violencia, intimidación o daños dentro de recintos educacionales, incluyendo casos de incendio o destrucción de infraestructura.
Además, el texto incorpora un aumento de penas para lesiones, amenazas y agresiones físicas cometidas por padres, apoderados o tutores contra funcionarios y profesionales de los establecimientos, buscando frenar los episodios de violencia que han afectado la convivencia escolar en distintas regiones del país.
💬 Debate parlamentario:
Durante la discusión en el Congreso, los parlamentarios que respaldaron la medida destacaron que el objetivo es “reforzar la protección de los espacios educativos y entregar mayores herramientas frente al aumento de episodios de violencia escolar”. Argumentaron que las agresiones impactan directamente en la salud mental de estudiantes y docentes, por lo que resulta urgente fortalecer el respaldo institucional hacia las comunidades escolares.
Por otro lado, algunos legisladores manifestaron reparos, señalando que el enfoque punitivo “no aborda el problema de fondo”, y que la violencia escolar es un fenómeno complejo que requiere prevención, apoyo psicosocial y fortalecimiento de la salud mental. También se advirtió sobre el impacto que las modificaciones podrían tener en niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Desde el Ejecutivo, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió la propuesta afirmando que “el Estado debe entregar una señal clara de protección hacia las comunidades educativas frente al incremento de agresiones registradas en establecimientos educacionales”.
Con esta aprobación, el proyecto avanza hacia su segundo trámite en el Senado, donde se espera profundizar el debate sobre cómo equilibrar la sanción penal con políticas de prevención y convivencia escolar.
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