El parlamentario del Frente Amplio anunció una reserva de constitucionalidad contra la iniciativa impulsada por el Presidente José Antonio Kast, advirtiendo que vulnera derechos fundamentales y transforma beneficios sociales en castigos estatales.

El debate sobre seguridad pública se encendió tras la Cuenta Pública Presidencial 2026, donde el Presidente José Antonio Kast presentó el proyecto de ley que busca crear un Registro Nacional de Vándalos. La propuesta contempla restringir el acceso a beneficios sociales para quienes sean incluidos en dicho listado, lo que generó inmediatas críticas desde la oposición.

El diputado del Frente Amplio, Jaime Bassa, anunció que presentará una reserva de constitucionalidad contra la iniciativa, argumentando que esta medida vulnera garantías esenciales. Según el parlamentario, el Ejecutivo opta por “listas negras” y sanciones sociales en lugar de políticas efectivas de prevención y recuperación de espacios públicos.

“La cuenta pública de ayer en materia de seguridad pública es muy preocupante, mucho castigo y poca prevención. Una lista negra como esta que propone el Ejecutivo es claramente vulneratoria contra una serie de derechos fundamentales. Igualdad ante la ley, no discriminación arbitraria, la prohibición de establecer castigo vinculados con los derechos previsionales. Vamos a presentar desde ya una reserva de constitucionalidad al respecto, porque da cuenta de cuán perdido está el Gobierno en lo que se refiere a seguridad pública. Ni una palabra respecto a recuperación de los barrios, a fortalecimiento de la iluminación, al fortalecimiento de la votación de carabineros, solo castigo, cero prevención”, señaló Bassa.

El legislador enfatizó que la propuesta del Ejecutivo desvía el foco de lo que realmente demanda la ciudadanía: prevención, recuperación de barrios y fortalecimiento de la seguridad comunitaria.

“Nos parece que ese no es el camino para abordar la seguridad pública, y nos preocupa que siendo esto un tema tan importante para la ciudadanía, en el cual el gobierno y su campaña durante varios años tenga hoy día una posición tan secundaria y de tanta improvisación en el Ejecutivo”, agregó.

Asimismo, Bassa cuestionó que se pretenda vincular derechos sociales con medidas sancionatorias, advirtiendo que la iniciativa terminaría afectando principalmente a los sectores más vulnerables.

“El Gobierno parece más preocupado de sancionar la pobreza que de perseguir efectivamente la delincuencia. Un registro que busca restringir derechos sociales no afecta en absoluto a quienes ya se enriquecieron mediante negocios ilegales, pero sí puede terminar golpeando a personas y familias que dependen de prestaciones estatales. Esa no es una política seria de seguridad pública”, concluyó.

El anuncio abre un nuevo frente de discusión en el Congreso, donde se espera que el proyecto genere un intenso debate sobre los límites constitucionales de las políticas de seguridad y el rol del Estado en la protección de derechos sociales.