La Fiscalía Regional de Magallanes abre una investigación penal para esclarecer posibles accesos ilegales a los antecedentes de la causa por acoso sexual que involucra al Presidente Gabriel Boric.

La tarde de este martes, la Fiscalía Regional de Magallanes confirmó la apertura de una investigación penal para esclarecer un posible acceso «ilegal o indebido» a los antecedentes de la causa que involucra al Presidente Gabriel Boric. Esta decisión surge tras la revelación de la existencia de una denuncia por acoso sexual presentada en septiembre contra el mandatario.

El fiscal regional, Cristián Crisosto, enfatizó que la causa posee carácter reservado, como es habitual en investigaciones de esta índole.

«Los antecedentes de las personas que son parte de una investigación penal son reservados, por lo que el acceso a dicha información se encuentra estrictamente regulado por ley«, afirmó la Fiscalía.

El pasado lunes se dio a conocer una denuncia por acoso sexual en contra del Presidente Gabriel Boric, referida a hechos supuestamente ocurridos hace más de una década. El abogado del mandatario, Jonatan Valenzuela, desmintió categóricamente la acusación, señalando que en este caso, la verdadera víctima es el Presidente, quien habría sido objeto de un «acoso sistemático» por parte de la denunciante. Valenzuela aseguró que las pruebas que respaldan esta afirmación ya están en manos de la Fiscalía.

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respaldó esta postura, detallando la cronología de cómo se enteraron de la acción judicial y reiterando que «la denuncia es falsa». Vallejo subrayó que el Presidente Boric no ha sido notificado, citado ni requerido por la Fiscalía respecto a esta denuncia.

Este caso se suma a otros desafíos que enfrenta la administración de Boric, incluyendo la reciente detención de Manuel Monsalve, exsubsecretario del Interior, acusado de violación y abuso sexual a una asesora. El Presidente Boric ha enfatizado que «nadie está por sobre la ley» y ha respaldado las decisiones judiciales en estos casos.

La apertura de esta nueva investigación por parte de la Fiscalía busca garantizar la integridad y confidencialidad de los procesos judiciales, asegurando que no se vulneren los derechos de las partes involucradas.