Del COVID al hantavirus, la pedagogía del miedo sigue siendo rentable y selectiva

Ocho casos. Un barco errante al que ningún puerto quiere recibir. Cobertura internacional de guerra.

Hagan el ejercicio: ¿cuántas personas murieron hoy de tuberculosis? ¿De abuso de drogas? ¿De hambre? Ningún canciller convocó reunión de urgencia. Ninguna ministra compareció ante las cámaras con semblante grave y PowerPoint epidemiológico. El miedo, como cualquier insumo de poder, se administra con criterio selectivo.

El patrón es conocido: aparece un evento sanitario, real o amplificado, da lo mismo. Lo importante es que sea fotogénico y tenga potencial de contagio transfronterizo. Los organismos internacionales activan sus protocolos. Los gobiernos nacionales se ponen la camiseta de la gestión responsable. Los medios hacen el trabajo sucio de instalar la angustia. Y el ciudadano, que lleva cinco años entrenado en el reflejo pavloviano de la emergencia, obedece, se queda quieto y espera instrucciones.

Lo que el COVID dejó instalado no fue una vacuna. Fue una pedagogía del miedo institucionalizado.

Ahora bien, hay algo que esta vez parece diferente. Una porción no menor de personas está mirando el espectáculo con las manos en los bolsillos. No por negacionismo, sino por memoria. Aprendieron a leer el guión antes de que termine el primer acto. Eso, en términos históricos, es un progreso notable.

Pero el problema jurídico de fondo sigue sin resolverse, y es el que importa.

Las libertades fundamentales no son concesiones del Estado. No las otorga ninguna constitución, ningún tratado, ninguna autoridad sanitaria. Son anteriores a todo eso. La dignidad humana, la libertad de circulación, la inviolabilidad del cuerpo, la autonomía de la voluntad: existen porque el ser humano existe. El Estado solo puede reconocerlas o violarlas. No crearlas ni suspenderlas a su arbitrio.

El COVID nos mostró que ningún gobierno del mundo dudó más de cinco minutos antes de hacer lo segundo. Y lo hizo con aplausos, con complicidad académica, con cobertura judicial benevolente y con una ciudadanía que confundió el miedo con prudencia y la obediencia con responsabilidad cívica.

Si eso se repite, no será porque el hantavirus lo exija. Será porque lo permitimos.

El que entiende esto, entiende todo. Y el que entiende todo, no necesita que nadie le diga qué hacer con su cuerpo, con su movilidad ni con su criterio.

«¿La próxima pandemia?», pregunta la prensa amarillista. Yo pregunto otra cosa: ¿cuántos lectores esta vez no se la creyeron?

 

René Fuchslocher

Abogado

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