El parlamentario acusó “mala gestión” del Ejecutivo previo, señalando compromisos incumplidos y pagos pendientes que hoy afectan directamente a usuarios de Quilpué y Villa Alemana.

El conflicto que mantiene paralizada gran parte de la locomoción colectiva en la provincia de Marga Marga sigue generando repercusiones políticas. El senador Andrés Longton apuntó directamente al gobierno anterior como responsable de la crisis, asegurando que se trata de una “mala gestión que dejó compromisos sin cumplir y una deuda millonaria con el transporte público”.

Según explicó, el problema se arrastra desde el proceso de incorporación de nuevas unidades de transporte, el cual no fue debidamente regularizado. Esta falta de diligencia habría afectado la continuidad de los pagos, generando un escenario crítico para operadores y conductores que hoy se traduce en la suspensión del servicio.

“Hay que ser claro de que acá hubo una incapacidad del gobierno del ex Presidente Boric de dejar resuelta la incorporación de estas nuevas unidades del transporte. Acá hubo una falta de diligencia para dejar esto solucionado en Contraloría y para poder también tener resuelto cómo se sigan efectuando los pagos, porque los dineros están”, afirmó Longton.

El parlamentario advirtió que la situación ya impacta directamente a los usuarios, especialmente en las comunas de Quilpué y Villa Alemana, donde miles de personas dependen de la locomoción colectiva para trasladarse diariamente. “Esa falta de compromiso para poder resolver, cuando correspondía, esta situación hoy nos llevó a un escenario crítico que está afectando a muchas personas”, agregó.

Longton sostuvo que espera una pronta solución por parte de las autoridades actuales, enfatizando que “la ciudadanía no puede seguir pagando las consecuencias de errores que no le corresponden”. El llamado busca acelerar las gestiones para que se reactive el servicio y se garantice el cumplimiento de los compromisos financieros pendientes.

La crisis del transporte en Marga Marga se ha convertido en un tema de alta sensibilidad social, pues afecta directamente la movilidad de estudiantes, trabajadores y familias completas. La presión política aumenta mientras la comunidad exige respuestas inmediatas y soluciones concretas.