El parlamentario acusa un «criterio zigzagueante» en los tribunales que, según él, podría favorecer la impunidad en casos de corrupción, y confirma que llevará el caso a la Corte de Apelaciones de Santiago.
En un giro que ha generado controversia en el ámbito político y judicial, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró inadmisible la querella presentada por el diputado Andrés Celis en contra de la diputada Karol Cariola, acusándola de tráfico de influencias. La acción judicial, interpuesta el pasado jueves, se basaba en antecedentes que, según Celis, vinculan a Cariola con Yang, un empresario asiático señalado por financiar viajes de parlamentarios comunistas a China y mantener estrechos lazos con el Comité Interparlamentario Chileno-Chino.
El diputado Celis aseguró que la querella estaba respaldada por pruebas contundentes, incluyendo documentos, chats y conversaciones que, según él, demostrarían que Cariola se comunicó con la entonces alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, para facilitar gestiones en favor de Yang. “Estos hechos podrían constituir no solo tráfico de influencias, sino también una eventual forma de financiamiento ilegal de la política”, afirmó el parlamentario.
La resolución de la jueza Isabel Correa, que declaró inadmisible la querella, fue duramente criticada por Celis, quien la calificó de “incomprensible” y acusó que vulnera sus derechos como ciudadano para perseguir delitos de alta connotación nacional.
“La magistrada confunde los requisitos para ser diputado con la capacidad de comparecer en juicio, creando un precedente peligroso que limita la fiscalización parlamentaria y deja en la impunidad hechos graves”, señaló. Además, cuestionó: “Si esto fuese realmente así, ¿cómo se explica que los parlamentarios, incluyéndome, tengamos calidad de querellantes actualmente en diversas otras causas de delitos funcionarios?”.
Celis también expresó su preocupación por lo que considera un “criterio zigzagueante” de los tribunales, advirtiendo que podría dejar sin sanción actos de corrupción. “Lamentablemente, una vez más, vemos cómo se protege a los corruptos en lugar de perseguirlos con rigor”, declaró.
Por su parte, el abogado patrocinante de la querella, Luis Eduardo Cantellano, anunció que recurrirán a la Corte de Apelaciones de Santiago para revertir la resolución.
“Atacaremos jurídicamente esta decisión porque es incomprensible por tres razones: primero, impide que cualquier persona pueda ejercer su derecho constitucional a querellarse; segundo, realiza una interpretación restrictiva de los derechos para perseguir delitos; y tercero, lo más grave, confunde el concepto de residencia, cuando es claro que una persona puede tener más de un domicilio, según la teoría clásica sobre esta materia”, explicó Cantellano.
Finalmente, Celis denunció haber sido objeto de presiones y amenazas previas a la presentación de la querella, señalando que “fuimos objeto de un constante hostigamiento, donde se nos advertía que la querella ya estaba declarada inadmisible antes incluso de ser revisada”.