Operativo aéreo trasladó a 40 extranjeros con antecedentes judiciales y administrativos hacia Colombia, Haití y República Dominicana, reforzando la política migratoria del Ejecutivo.
El Gobierno del Presidente José Antonio Kast concretó este 8 de mayo de 2026 el segundo vuelo de expulsión de personas extranjeras, en una operación interinstitucional que involucró a la Subsecretaría del Interior, la Fuerza Aérea de Chile (FACH), la Policía de Investigaciones (PDI), el Servicio Nacional de Migraciones y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La misión aérea, identificada como FACH 922/921, trasladó a 40 personas expulsadas hacia Colombia, Haití y República Dominicana, en cumplimiento de resoluciones administrativas y judiciales vigentes.
Según el detalle oficial, 21 expulsiones fueron administrativas y 19 judiciales, con predominio de ciudadanos colombianos (24), seguidos por haitianos (9) y dominicanos (7). Las principales causales incluyeron ingreso por paso no habilitado (17 casos), robos en distintas modalidades (10), tráfico ilícito de drogas (4) y otros delitos penales (9).
El operativo contó con el despliegue de 42 funcionarios de la PDI, quienes garantizaron la seguridad en cada tramo del itinerario: Santiago – Iquique – Bogotá – Puerto Príncipe – Santo Domingo, con retorno previsto vía Guayaquil e Iquique.
El prefecto de la PDI de Viña del Mar, Patricio Flores, explicó que el objetivo era “determinar en qué calidad se encuentran los ciudadanos extranjeros. Esto obedece a mantener controlada su situación migratoria, saber si tienen visa de turismo, visa de residencia, etcétera”.
Por su parte, el director regional de Migraciones, Rubén Pizarro, destacó que “con este tipo de acciones esperamos desincentivar la llegada de extranjeros irregulares a nuestro país, y también queremos decirles a quienes están irregulares, que hagan las cosas bien, sobre todo si están ejerciendo labores comerciales sin permisos”.
Caso destacado: Emmanuel Bony
Entre los expulsados figuró el ciudadano haitiano Emmanuel Bony, quien protagonizó dos violentos incidentes en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez. En 2024 destruyó pantallas y equipos por un valor de $20 millones, y en 2025 repitió el ataque causando daños superiores a $40 millones, portando un martillo, un arma blanca y líquido acelerante. Tras ser procesado y cumplir prisión preventiva, finalmente se concretó su expulsión.
Este vuelo marca la reanudación de expulsiones hacia Haití, suspendidas desde 2024, y refleja la capacidad del Estado para restablecer coordinaciones diplomáticas y logísticas con países de alta complejidad operativa.
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